30 diciembre, 2020
Nos complace anunciar que la Asamblea Nacional de la República del Ecuador ha aprobado recientemente una ambiciosa reforma de la normativa de sociedades que, entre otros aspectos, recoge varias de las recomendaciones sugeridas en la propuesta de reforma societaria para Ecuador elaborada por un grupo de trabajo del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas liderado por Aurelio Gurrea Martínez y César Coronel Jones. La propuesta fue remitida a la Asamblea Nacional del Ecuador y posteriormente presentada durante el Congreso Anual del Instituto celebrado en Guayaquil los días 13 y 14 de junio de 2019.
Entre las propuestas de reforma que sugerimos y se han incorporado recientemente en Ecuador se encuentran:
- La incorporación de la sociedad por acciones simplificada (SAS)
- La incorporación de la business judgment rule en la normativa de sociedades
- El endurecimiento del deber de lealtad y de las normas de conflictos de interés
- La incorporación de la ‘acción derivada’ de los accionistas minoritarios para el ejercicio subsidiario de la acción social de responsabilidad
- El reforzamiento de la posición de los accionistas minoritarios en diversos aspectos, incluyendo el nombramiento de consejeros/directores independientes.
- La adopción de un sistema de mayoría de la minoría para determinadas decisiones conflictivas con el socio de control
- La supresión de la figura del ‘comisario’ para las sociedades anónimas no cotizadas
- La potenciación del uso de nuevas tecnologías
- La adopción de un código de buen gobierno corporativo
En las próximas semanas publicaremos en nuestro blog varios posts analizando diversos aspectos de la nueva normativa societaria de Ecuador. Algunas de estas reformas, incluyendo la incorporación de la business judgment rule y la implementación de la SAS, ya han sido analizadas por varios de nuestros miembros.
Desde el Instituto, seguiremos trabajando por la mejora del debate académico y legislativo en la comunidad iberoamericana con la finalidad de generar propuestas de reforma que permitan crear un entorno regulatorio e institucional que favorezca el emprendimiento, la innovación, la financiación de empresas y el crecimiento económico en la región.